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Ministerio Público Solicita Antejuicio Contra Secretario General de la Presidencia por Abuso de Autoridad

El Ministerio Público (MP) anunció la presentación de una solicitud de antejuicio contra Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, por presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La acción surge tras una denuncia interpuesta por Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la Junta Directiva de BANTRAB.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, ha presentado una solicitud de retiro de antejuicio contra Juan Gerardo Guerrero Garnica, actual secretario general de la Presidencia de la República. La solicitud se basa en una denuncia de Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), quien acusa a Guerrero Garnica de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.

Según el comunicado emitido por el MP, la denuncia señala que Guerrero Garnica se presentó en la sede de BANTRAB el 22 de mayo, junto con Santiago Palomo Vila, entonces director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, para solicitar la renuncia de Mondal Chew. Según la denuncia, este acto fue realizado bajo un procedimiento administrativo inaplicable para el presidente de BANTRAB, lo que podría constituir un acto ilícito.

Mondal Chew informó a Guerrero Garnica y Palomo Vila que contaba con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), que le protegía en su cargo. A pesar de ello, ambos funcionarios continuaron el proceso administrativo para la destitución de Mondal Chew, lo que ha llevado al MP a considerar que Guerrero Garnica pudo haber cometido un delito al usar procedimientos exclusivos del Organismo Ejecutivo.

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El Ministerio Público subrayó la importancia de que todos los funcionarios públicos, especialmente aquellos en altos cargos, se sometan al imperio de la ley y actúen dentro del marco legal establecido. La solicitud de antejuicio es un paso crucial para investigar los hechos y garantizar que se respete el principio de legalidad.

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