El fiscal Rafael Curruchiche anunció el 21 de agosto que se ha solicitado el retiro del derecho de antejuicio del presidente Bernardo Arévalo, debido a presuntas ilegalidades en los pagos a contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
En la conferencia de prensa participaron el secretario general, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Miguel Vásquez. Curruchiche acusó a Arévalo de ser el “principal responsable de fomentar la impunidad”.
Según Curruchiche, Arévalo habría emitido una orden ilegal para crear un mecanismo de pago arbitrario, fuera de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución. Esta acusación se basa en un audio de una llamada entre el presidente y la exministra de Comunicaciones, Jazmin de la Vega, cuya autenticidad fue confirmada por el propio mandatario. En dicha llamada, Arévalo aceptó la existencia de listados de pagos a proveedores que debían ser autorizados por él.
El fiscal indicó que Arévalo autorizó ilícitamente pagos a contratistas del Estado, específicamente a aquellos contratados por el Micivi. Durante agosto de 2024, circuló un audio de una conversación entre Arévalo y De la Vega, en el cual el presidente destituía a la exministra, hecho corroborado por el mandatario.
Curruchiche también presentó documentación que, según él, muestra indicios de irregularidades y vinculaciones con Gabriel Orellana Rojas, miembro jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una empresa vinculada a Orellana Rojas habría sido beneficiada con pagos del gobierno de Arévalo, incluyendo un pago de Q67 millones 956 mil 574 a Overseas Engineering & Construction Guatemala.
Además, Curruchiche mencionó el interés de Luis Almagro y la OEA en visitar Guatemala. Durante la conferencia, se presentaron publicaciones de medios de comunicación sobre empresas y contratistas beneficiados con pagos del Micivi, señalados por casos de corrupción.
El fiscal solicitó el retiro del derecho de antejuicio contra Arévalo por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones. Curruchiche aclaró que la FECI solo interpuso la acción contra el presidente Arévalo, pero otras fiscalías podrían presentar más acciones.
En la presentación del Ministerio Público se observaron listados firmados por Arévalo, incluyendo empresas vinculadas a un caso de defraudación recientemente presentado por la SAT.
