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Gobierno alerta que Morales quiere “interrumpir” orden democrático en Bolivia

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Former Bolivian President Evo Morales (L) delivers a speech during a rally against President Luis Arce in La Paz on September 23, 2024. - Former president Evo Morales advanced on Monday over La Paz with thousands of followers, in a tense protest that began a week ago against the government of Luis Arce for the economic crisis and an alleged attempt to torpedo his presidential candidacy.  (Photo by Jorge Bernal / AFP)

El gobierno de Bolivia interpretó como una amenaza a la “continuidad del orden democrático” el ultimátum que lanzó el lunes el exmandatario Evo Morales al presidente Luis Arce para que en 24 horas cambie su gabinete “si quiere seguir gobernando”.

Morales encabezó una marcha de siete días que culminó la víspera en La Paz, donde dio un encendido discurso contra el gobierno que apoyó en el pasado.

En el recorrido de unos 190 kilómetros desde la población de Caracollo hubo varios enfrentamientos violentos entre manifestantes armados con palos, piedras y explosivos, unos a favor de Morales y otros de Arce.

“Si Lucho quiere seguir gobernando, primero, en 24 horas que cambie a ministros narcos, a ministros corruptos, a ministro drogos [drogadictos], que cambie a los ministros racistas”, advirtió el líder indígena ante miles de seguidores, sin mencionar a ningún funcionario en particular.

En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que Morales, con su ultimátum, “ha amenazado con interrumpir la continuidad del orden democrático”.

Asimismo, rechazó “cualquier tipo de extorsión o condicionamiento, en contra de la voluntad del pueblo expresa en las urnas”.

Al término de la protesta, Morales retornó a la región cocalera del Chapare, su fortín político, mientras grupos de seguidores han convocado a nuevas marchas en La Paz.

Durante los siete días de movilización hubo al menos 36 heridos entre manifestantes de ambos bandos.

Morales y Arce están enfrascados en una disputa por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones de 2025.

Inhabilitado judicialmente para ser nuevamente candidato, el líder indígena acusa a su exministro de Economía de aliarse con los jueces y el poder electoral para impedir que compita de nuevo por la presidencia.

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