La elección del nuevo directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala es un acontecimiento que debería tener la atención y el escrutinio de todos los ciudadanos, en especial del gobierno y del sector empresarial. En un país donde la institucionalidad tiende a ser frágil y donde las decisiones clave pueden afectar tanto la inversión privada como el desarrollo económico, el liderazgo de la SAT es crucial. Lamentablemente, las señales que emanan de la configuración de este nuevo directorio parecen ser alarmantes. Si el Presidente de la República opta por plegarse completamente a las decisiones del Superintendente actual, estaría perpetuando una peligrosa concentración de poder que profundiza la impunidad y pone en riesgo la economía del país.
Uno de los mayores problemas en esta situación es la creciente percepción de que la SAT está siendo cooptada por individuos con agendas particulares, agendas que poco o nada tienen que ver con la equidad tributaria o el bienestar económico general. En lugar de ser una institución al servicio de todos los ciudadanos, como debiera, la SAT parece estar transformándose en una herramienta para consolidar intereses específicos, ignorando los principios de neutralidad y transparencia que deberían guiar su operación. Este panorama es especialmente preocupante si consideramos que la función de la SAT, en esencia, es fomentar el cumplimiento fiscal, garantizar la recaudación eficiente de impuestos y, a la par, crear un entorno que favorezca el desarrollo económico y la inversión privada.
El Presidente de Guatemala, como principal figura de autoridad en el país, tiene la responsabilidad de garantizar que la SAT cumpla con su mandato sin desviaciones ideológicas o favoritismos personales. Sin embargo, la amenaza de que el Superintendente actual escoja a los nuevos directores y que estos se alineen exclusivamente con su visión representa un serio riesgo de parcialización. Esto no solo socava la independencia de una institución tan crítica, sino que también manda un mensaje inequívoco: la política está por encima de la justicia fiscal.
Es esencial comprender que, en un país en desarrollo como Guatemala, el incentivo a la inversión privada no es solo una recomendación de buena práctica, sino una necesidad imperante. La economía nacional depende en gran medida de la inversión de empresas locales e internacionales, las cuales crean empleo, generan ingresos y movilizan la economía. Sin embargo, la percepción de que el aparato tributario podría ser utilizado para perseguir a los contribuyentes, en lugar de facilitar un entorno justo y equilibrado, es un claro disuasivo para los inversionistas. Nadie desea poner su capital en riesgo en un lugar donde la incertidumbre fiscal está alimentada por agendas ocultas y donde la persecución es una amenaza constante.
Por otro lado, debemos analizar la falta de contrapesos en este nuevo directorio de la SAT desde una perspectiva más amplia. Las democracias sanas se construyen sobre la base de la separación de poderes y la existencia de contrapesos que impidan la concentración de poder en manos de unos pocos. Esta misma lógica debería aplicarse a las instituciones autónomas como la SAT. Si el Superintendente tiene la capacidad de escoger a los directores a su conveniencia, sin ninguna supervisión externa o contrapeso, se está promoviendo una forma de autoritarismo fiscal, lo cual es sumamente peligroso para la estabilidad democrática y económica del país.
Un directorio alineado exclusivamente con el Superintendente no solo compromete la independencia de la SAT, sino que también elimina cualquier posibilidad de autocorrección dentro de la institución. Los contrapesos son fundamentales para evitar abusos de poder y para garantizar que las decisiones que se tomen sean en beneficio de todos los ciudadanos y no de una agenda particular. En este sentido, es crucial que el Presidente de Guatemala no ceda ante la tentación de favorecer esta concentración de poder y, por el contrario, promueva un proceso de selección de directores basado en criterios de transparencia, mérito y diversidad de perspectivas.
Asimismo, la persecución sistemática a los contribuyentes no debe convertirse en la norma de la SAT. Si bien es necesario combatir la evasión fiscal, esto debe hacerse dentro de un marco legal transparente y justo, no como resultado de decisiones arbitrarias que buscan amedrentar a los actores económicos. La confianza entre el sector privado y el gobierno es vital para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, y esa confianza se rompe cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir las reglas son percibidas como parciales o abusivas.
Guatemala no puede permitirse más retrocesos en la construcción de instituciones sólidas y transparentes. El llamado al Presidente es claro: no permita que la SAT, una institución clave para el desarrollo del país, sea cooptada por intereses particulares. Los contrapesos no son un obstáculo, son una garantía de que las decisiones se tomen con justicia y equidad, en beneficio de todos los guatemaltecos.