Recientemente, el gobierno de Guatemala ha propuesto un aumento del 10% en el salario mínimo para el 2025. La propuesta, presentada por la viceministra de Administración del Trabajo, surgió en una citación en el Congreso de la República. Esta propuesta despertó opiniones divididas entre sectores laborales y empleadores, además de señalarse como una medida populista que podría responder más a fines políticos que a un análisis técnico profundo de las necesidades económicas.
Según la viceministra, la propuesta del 10% se basa en el análisis de factores como la inflación y el crecimiento económico, y se justifica en la intención de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, el porcentaje de aumento supera lo que se ha aplicado en los últimos años y ha causado dudas respecto a si su implementación beneficiará realmente a los trabajadores o, al contrario, podría acarrear efectos adversos como el aumento de los precios y un golpe a las empresas que generan empleos.
Por otro lado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestó su desacuerdo, argumentando que un incremento del 10% no se ajusta a la realidad económica del país. Se considera que un aumento del 10% podría afectar la capacidad de las empresas para sostener empleos formales, además de que la inflación podría anular el efecto positivo que se espera en los ingresos reales de los trabajadores.
En Guatemala, el salario mínimo es revisado anualmente y, aunque se suelen hacer ajustes, rara vez se han alcanzado aumentos significativos como el 10% propuesto. Por ejemplo, para el año 2024, los incrementos fueron mucho más modestos, oscilando entre el 3.6% y el 6.6%, dependiendo de la actividad laboral y la ubicación geográfica. Es decir, se han implementado aumentos diferenciados para la actividad agrícola, no agrícola, y para el sector de exportación y maquila, en distintas circunscripciones económicas.
En un contexto de desigualdad salarial y de limitaciones para acceder a empleos bien remunerados, la propuesta de un aumento del 10% al salario mínimo puede sonar atractiva para sectores vulnerables. Sin embargo, algunos analistas consideran que la medida tiene un matiz populista, ya que parece estar orientada a satisfacer demandas populares sin evaluar completamente las implicaciones económicas de un aumento. Este tipo de medidas ha sido usado históricamente en otros países como un recurso político, aprovechando el deseo legítimo de los trabajadores de mejorar su calidad de vida.
La propuesta aún debe pasar por una revisión por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien tendrá la decisión final. El proceso de fijación del salario mínimo en Guatemala involucra a la Comisión Nacional del Salario, conformada por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. Sin embargo, al no haber consenso en esta comisión sobre el aumento del 10%, el presidente evaluará los informes y propuestas antes de emitir una resolución definitiva.
Aumentar el salario mínimo podría tener efectos contraproducentes si no se acompaña de otras medidas que respalden la capacidad de las empresas para cubrir esos costos adicionales. El sector empresarial advertió que un incremento no consensuado puede repercutir en la creación de empleo formal y, en última instancia, afectar a los trabajadores mismos. Además, el incremento del salario mínimo no necesariamente mejora las condiciones de vida si viene acompañado de un alza en los precios, que es una respuesta común al aumento de los costos laborales.
La propuesta de un aumento del 10% al salario mínimo en Guatemala plantea un debate crucial sobre cómo mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de forma sostenible y no solo por razones políticas. La historia reciente muestra que incrementos moderados han sido la norma, con ajustes entre el 3% y el 6%, lo cual hace que esta propuesta del 10% resalte. La medida podría tener beneficios inmediatos para algunos sectores de la población, pero sin un análisis técnico detallado y una planeación estratégica, corre el riesgo de ser una medida popular de corto alcance, en lugar de una solución efectiva y sostenible para mejorar la economía y la calidad de vida de los guatemaltecos.
