El Congreso de Guatemala ha aprobado una reforma a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) que incluye artículos alarmantes, equiparados a prácticas de la época del conflicto armado. Entre las disposiciones más controversiales destaca la presunción legal de actuación en cumplimiento del deber para los agentes, lo que podría abrir la puerta a abusos y violaciones de derechos humanos.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es el Artículo 60, que establece la presunción legal de que cualquier uso de fuerza letal por parte de los agentes de la PNC será considerado inicialmente como un acto justificado en cumplimiento de su deber. Esto significa que, incluso en casos de muerte o lesiones graves, se asumirá que los agentes actuaron conforme a la ley, salvo que se demuestre lo contrario.
Además, los miembros de la PNC involucrados en estos incidentes no podrán ser enviados a prisión preventiva ni suspendidos de sus labores mientras se desarrolla la investigación. Esto representa un giro peligroso hacia la impunidad, ya que limita las garantías de justicia y transparencia al blindar a los agentes de la responsabilidad inmediata por sus actos.
Diversos sectores han denunciado que esta normativa recuerda prácticas de los años más oscuros del conflicto armado interno, cuando las fuerzas de seguridad gozaban de total impunidad. Organismos de derechos humanos han advertido que estas disposiciones podrían facilitar el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
