En un movimiento que ha causado indignación generalizada, los diputados incluyeron en el presupuesto 2024 una enmienda que garantiza millonarias indemnizaciones, salarios elevados y beneficios al nivel de los magistrados de cortes superiores. Esta decisión ha sido vista como un abuso de poder en un contexto de crisis económica y desconfianza hacia el Congreso.
El 26 de noviembre de 2024, durante la aprobación del presupuesto más grande en la historia de Guatemala, los diputados incorporaron una enmienda que obliga a la asignación de recursos para mejorar sus salarios y retribuciones. Según el texto, estos beneficios no podrán ser menores a los recibidos por los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados.
Además del aumento salarial, los legisladores aseguraron para sí mismos el derecho a recibir indemnizaciones y prestaciones de ley, consolidando un paquete de privilegios ampliamente criticado por distintos sectores. La inclusión de esta enmienda en el presupuesto fue calificada como una muestra de descaro político, ya que prioriza beneficios personales sobre las urgentes necesidades del país.
La ciudadanía y diversos analistas han condenado este movimiento, calificándolo como un golpe a la transparencia y un acto de desconexión con la realidad nacional. Mientras millones de guatemaltecos luchan con la precariedad económica, el Congreso asegura recursos para sueldos y beneficios desproporcionados.
Esta enmienda, aprobada como parte del presupuesto 2024, ha generado un fuerte rechazo social y pone nuevamente en duda el compromiso de los legisladores con el bienestar del país. Los guatemaltecos enfrentan una representación política que, lejos de resolver las necesidades urgentes de la población, prioriza sus intereses, reforzando la percepción de corrupción y abuso de poder.
