Un amparo ha sido presentado contra la continuidad de Ligia Hernández al frente del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). La acción legal surge debido a que Hernández fue suspendida de sus derechos políticos, incluyendo el de optar a un cargo público, como resultado de una sentencia condenatoria penal.
Ligia Hernández, actual directora del IDPP, enfrenta cuestionamientos por mantenerse en el cargo a pesar de su situación jurídica. La suspensión de sus derechos políticos, una de las sanciones impuestas en la sentencia, plantea dudas sobre su elegibilidad para seguir liderando el instituto.
Acción Legal
El amparo presentado solicita la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC) para determinar si la permanencia de Hernández al frente del IDPP contraviene la ley. La CC deberá decidir en primera instancia si otorga un amparo provisional, lo que podría suspender temporalmente a Hernández mientras se resuelve el caso de fondo.
Implicaciones
- Legalidad y Transparencia: La continuidad de Ligia Hernández en el cargo podría ser interpretada como un incumplimiento de la normativa que regula los derechos políticos y la elegibilidad para ejercer funciones públicas.
- Confianza en el IDPP: Este caso también podría afectar la percepción pública sobre la independencia y la transparencia del Instituto de la Defensa Pública Penal.
