El Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha presentado una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en respuesta al amparo otorgado por el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal. El juzgado había instruido a la fiscalía para que asegurase la alternabilidad del poder este 14 de enero y permitiera la toma de posesión de Bernardo Arévalo.
La FECI argumenta que los amparistas no han fundamentado adecuadamente sus alegatos y señala que no permitir las funciones de investigación constituye un obstáculo real. Además, la institución enfatiza que no existen indicios de “golpe de estado” tal como lo alegan los solicitantes del amparo, y sostiene que el orden constitucional no se ha visto interrumpido. Por el contrario, la FECI afirma que es su deber constitucional llevar a cabo investigaciones.
La polémica surge en un contexto de tensión política, donde la FECI cumple con su papel de velar por la legalidad y el debido proceso en el marco de las atribuciones constitucionales encomendadas al Ministerio Público. Según lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las acciones ejecutadas por la FECI se realizan bajo la estricta observancia del principio de legalidad y bajo el control jurisdiccional de un juez de garantías.
Este evento pone de manifiesto el delicado equilibrio entre la administración de justicia y los procesos políticos en Guatemala, resaltando la importancia de la independencia y la transparencia en las instituciones del Estado.
