La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha ordenado la liberación de Virginia Laparra, ex fiscal anticorrupción de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Este fallo, emitido el 26 de diciembre, exige que se otorgue libertad a Laparra en un plazo máximo de cinco días. Laparra ha estado privada de su libertad durante 1 año y 10 meses.
La excarcelación se basa en un fallo del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, que impuso a Laparra una pena de cuatro años de prisión conmutables. Además, la ex fiscal enfrenta un segundo proceso penal, por el cual ya se le había otorgado una medida sustitutiva de arresto domiciliario. El fallo de la CSJ establece que, siempre y cuando no existan otros procesos pendientes, Laparra podrá abandonar el centro carcelario Mariscal Zavala, en la ciudad de Guatemala.
El trasfondo del caso incluye acusaciones por parte del Ministerio Público, liderado por la Fiscal General María Consuelo Porras, tras la denuncia de Laparra contra Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y actual presidente del Mecanismo contra la Tortura en Guatemala. Castellanos acusó a Laparra de abuso de autoridad, lo que llevó a su condena en 2022, una sentencia que ha sido criticada a nivel nacional e internacional por considerarse carente de fundamento legal.
Expertos legales y analistas políticos sugieren que este caso es emblemático de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco, particularmente en lo que respecta a la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. La implicación de figuras de alto perfil y la atención internacional subrayan la importancia de la transparencia y el debido proceso en tales casos.
La orden de excarcelación de Virginia Laparra por parte de la CSJ constituye un giro significativo en un caso que ha capturado la atención del público guatemalteco y de observadores internacionales. Refleja las complejidades y controversias en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
