Guatemala, Ciudad de Guatemala – La situación política en Guatemala se intensifica con la reciente declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien condenó los “intentos persistentes y sistemáticos” de socavar los resultados de las elecciones presidenciales en el país. El presidente electo, Bernardo Arévalo, enfrenta una serie de desafíos judiciales desde su victoria en agosto, incluyendo intentos de suspender a su partido, el Movimiento Semilla, y obstaculizar su asunción al poder el 14 de enero.
El viernes, la fiscal Leonor Morales calificó las elecciones de “nulas” por supuestas irregularidades administrativas en la primera vuelta, lo que Arévalo describió como un “golpe al corazón de la democracia” en Guatemala. Türk expresó su alarma por estos acontecimientos, instando a las autoridades, incluyendo al presidente actual y al poder judicial, a preservar el Estado de derecho y respetar los resultados electorales.
Sin embargo, es importante enfatizar que el Ministerio Público de Guatemala está ejerciendo su mandato constitucional de investigar las alegaciones de irregularidades. Estas investigaciones incluyen el escrutinio del Movimiento Semilla y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en relación con las recientes elecciones, así como las supuestas implicaciones de Bernardo Arévalo en delitos que van desde el lavado de dinero hasta la creación de su partido con firmas falsas.
Este contexto pone de manifiesto la delicada línea entre la integridad electoral y la estabilidad política en Guatemala. Mientras la comunidad internacional, representada por la ONU, aboga por el respeto a la voluntad popular, el Ministerio Público sigue comprometido con su deber de investigar cualquier indicio de irregularidad. Este equilibrio entre la justicia y la democracia es crucial para el futuro político y social de Guatemala.
