El Ministerio Público de Guatemala ha respondido a las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien atribuyó recientemente al gobierno el desmantelamiento de 32 estructuras de extorsión durante su informe de los 100 días de gestión, destacando que estos logros son en realidad fruto de las investigaciones y acciones coordinadas por esta entidad.
El Ministerio Público aclaró que, conforme a la Constitución y la legislación del país, tiene el monopolio de la persecución penal y es el responsable directo de dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública, incluyendo las relacionadas con extorsiones. Además, resaltaron que la Policía Nacional Civil actúa bajo su dirección en las funciones investigativas.
Desde el 14 de enero al 22 de abril de 2024, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión ha llevado a cabo una operación exhaustiva, realizando 326 diligencias de allanamiento y ejecutando 470 órdenes de aprehensión. Este esfuerzo ha resultado en la vinculación a proceso de 569 personas y la emisión de 417 sentencias condenatorias, impactando significativamente en estructuras criminales peligrosas, incluyendo varias pandillas y grupos del crimen organizado.
Estos resultados resaltan la efectividad del Ministerio Público en la lucha contra la extorsión y desmienten la versión presentada por el presidente Arévalo, quien sugirió que estos logros eran resultado exclusivo de su administración.
La clarificación del Ministerio Público sobre el papel crucial y autónomo que juega en la persecución y desmantelamiento de redes de extorsión en Guatemala es un recordatorio de la importancia de la cooperación interinstitucional y de la necesidad de reconocer correctamente los esfuerzos de cada entidad en la lucha contra el crimen. Este episodio subraya la tensión existente entre el Ejecutivo y el ente investigador, enfatizando la complejidad de la colaboración en el contexto político actual del país.
