Un sistema económico requiere de infraestructura para que se consolide y cohesione el conjunto de relaciones que permita la reproducción sostenible de ese sistema en el mediano y largo plazo. La infraestructura productiva generada por los agentes económicos individuales y corporativos, así como la generada por el sector público, han impulsado en los últimos cinco años un crecimiento promedio nominal de la actividad económica de 8.3% anual. Según datos del BANGUAT, el aporte del sector público a la creación de infraestructura productiva durante el mismo período llegó en 2023 a Q 14,034.6 millones de un total de Q 132,393.7 millones de formación bruta de capital fijo-pública y privada; siendo que el sector público creció 5.7% anualmente en promedio.
Para que se lleven a cabo acciones de desarrollo, la actividad económica tiene que crecer, de lo contrario no hay nada que distribuir. Para crecer en una economía capitalista (economía mixta para nuestro caso), se requiere que se realicen inversiones productivas y para ello el Estado dispone del crédito público para impulsar el crecimiento y crear oportunidades para generar ingresos a las familias y a las empresas, para que luego sobre esas rentas, se generen impuestos que luego pueda redistribuir a los grupos poblacionales más desfavorecidos de la sociedad guatemalteca.
Derivado de la generación de ingresos por creación de deuda pública, el Estado de Guatemala durante los años de 2019 a 2023, obtuvo ingresos por valor de Q85,558.9 millones, los cuales debieron haberse destinado exclusivamente a creación de infraestructura productiva; sin embargo, según registros del SICOIN (Sistema de Contabilidad Integrada), el 37.1% fue destinado a financiar gastos de funcionamiento y el 44.0% fueron destinado para pagar la deuda pública (capital e intereses); es decir, los ingresos generados por la emisión de deuda pública durante esos cinco años fueron destinados para creación de infraestructura únicamente el 18.9%, lo cual equivalió a Q16,098.7 millones.
Los ingresos públicos generados por creación de deuda pública provinieron en 58.1% de colocaciones internas, el 4% de saldo de caja de colocaciones internas y el 37.9% de colocaciones externas. Por el momento resaltaré lo relativo al financiamiento de los gastos de funcionamiento, los cuales ascendieron a Q19,249.1 millones, equivalente al 38.7% del total de Q49,740.7 millones que se obtuvieron de colocaciones internas.
En lugar de destinar el financiamiento del crédito público a formación bruta de capital fijo, a crear condiciones para incrementar el crecimiento de la actividad económica superior al 8.3% nominal (3.4% promedio anual en términos reales) y por lo tanto, generar mejores condiciones para un mayor desarrollo económico, Q 19,249.1 millones fueron destinados al pago de bono 14, combustibles para la administración, transferencias directas a personas individuales, transferencias al Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad, USAC, Contraloría General de Cuentas, transferencias al sector público y la pago de sentencias judiciales, entre otras. La referencia en este análisis se orienta a la fuente de financiamiento y no al destino intrínseco del gasto público, pues debido a la pandemia una fuerte cantidad de recursos públicos fueron necesarios para atender la crisis coyuntural, pero he aquí el quid de la cuestión, cual es, la voluntad política para tomar decisiones que repercutan en el mediano y largo plazo, decisiones de Estado.
Un gobierno de turno tiene la oportunidad de generar condiciones para el crecimiento y desarrollo económico de los guatemaltecos y estos números lo demuestran. Se imagina el lector, una inversión pública total durante los últimos cinco años del nivel de los Q85,558.9 millones, en lugar de los Q16,098.7 millones que se destinaron a inversión pública con ingresos provenientes de la creación de deuda pública.
En otras palabras, si es posible emprender estrategias públicas para la garantía de la soberanía económica, soberanía alimenticia y soberanía tecnológica, a desarrollar una economía fuerte, capaz de generar bienestar a los guatemaltecos. El Estado puede contribuir a lograrlo, sólo hace falta voluntad política de querer hacerlo.
Adjunto el siguiente cuadro para que el lector profundice en los datos:
