Guatemala, 8 de Enero de 2024 – A tan solo seis días de la fecha prevista para la toma de posesión presidencial en Guatemala, el país se sumerge en una atmósfera de incertidumbre y tensión. Autoridades ancestrales han elevado la alarma, advirtiendo sobre potenciales movilizaciones a nivel nacional si Bernardo Arévalo, el presidente electo, no asume el cargo el 14 de enero.
El alcalde indígena de Sololá, Simión Palax Chiroy, en una reciente conferencia de prensa, expresó el firme respaldo de sus comunidades hacia Arévalo, enfatizando la disposición de movilizarse para defender la democracia guatemalteca. Estas declaraciones surgen en un contexto marcado por acciones judiciales que, según las autoridades indígenas, han perjudicado el proceso electoral.
Juan Carlo Toc, presidente de las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango, advirtió sobre la posibilidad de llenar la capital con manifestantes si se percibe un ataque contra el nuevo gobierno. Paralelamente, César Augusto Yac del Pueblo Ixil, junto con representantes de siete pueblos indígenas, hizo un llamado a la unidad nacional para preservar la democracia del país.
Estas declaraciones se suman a las preocupaciones sobre la legalidad de la toma de posesión de Arévalo. La situación legal del Secretario General del Movimiento Semilla, César Bernardo Arévalo de León, sigue siendo un tema delicado. El Registro de Ciudadanos, basándose en la Constitución y leyes electorales, sostiene que la renuncia de Arévalo, requerida para asumir la presidencia, no puede ser aceptada ni registrada debido a la suspensión judicial del partido.
La incapacidad de Arévalo para resolver esta incompatibilidad legal antes del 14 de enero plantea un escenario de constante agitación y posibles violaciones al derecho de locomoción, con manifestaciones y bloqueos que podrían caracterizar su mandato. Este impasse no solo desafía la viabilidad de su candidatura, sino que también pone en juego la estabilidad del proceso democrático en Guatemala.
En este contexto de incertidumbre política y legal, Guatemala se encuentra en un punto de inflexión crítico, con la posibilidad de una escalada en las movilizaciones y un ambiente de constante desafío a la gobernabilidad y al respeto por las leyes y las instituciones del país.
