NOTA ACTUALIZADA
Guatemala, 3 de enero de 2024 – La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Irma Palencia, ha solicitado amparo internacional ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), una medida que levanta preguntas sobre su búsqueda de protección frente a acusaciones de corrupción. Esta solicitud surge en un momento en que Palencia se ve envuelta en investigaciones por presuntas irregularidades en la compra del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Palencia, quien desempeñó un papel crucial en las Elecciones Generales de 2023, ha sido objeto de amenazas y presiones. Estas circunstancias han coincidido con el incremento de acciones legales en su contra, incluyendo la remoción de su inmunidad por parte del Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras. El MP ha formulado acusaciones de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad relacionadas con el proceso de adquisición del TREP, en el cual la empresa Datasys fue seleccionada para proveer el servicio por Q148 millones, a pesar de existir ofertas más económicas.
El caso del TREP ha generado un amplio debate en Guatemala, con críticos señalando la falta de transparencia y posibles conflictos de interés en la decisión. La elección de Datasys sobre otras opciones más baratas, como la oferta de Q113 millones de PBS Guatemala, ha suscitado sospechas sobre la integridad del proceso de selección llevado a cabo por el TSE. Estas decisiones han sido cuestionadas por su hermetismo y falta de claridad, aspectos que han sido foco de críticas por parte de sectores de la sociedad civil y partidos políticos.
En el contexto de estas acusaciones, la solicitud de protección internacional de Palencia ha sido interpretada por algunos como un intento de buscar impunidad y evitar el escrutinio legal en Guatemala. Mientras Palencia y otros magistrados implicados se encuentran fuera del país, la comunidad guatemalteca y observadores internacionales siguen de cerca el desarrollo de estas investigaciones, que son fundamentales para la integridad del sistema judicial y electoral del país.
