GUATEMALA, CIUDAD — En un giro reciente de eventos, la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Blanca Alfaro, confirmó que los Magistrados Titulares Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco han solicitado extender su período de vacaciones hasta febrero. Esta decisión sigue a su reciente desafuero por parte del Ministerio Público (MP) bajo la dirección de María Consuelo Porras, debido a su involucramiento en un caso de corrupción relacionado con la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los magistrados enfrentan acusaciones de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad tras la selección de la empresa Datasys para proveer el servicio del TREP por Q148 millones, a pesar de existir propuestas más económicas, como la de PBS Guatemala por Q113 millones. Esta decisión ha desatado un amplio debate en Guatemala, con fuertes críticas hacia la falta de transparencia y posibles conflictos de interés en el proceso de selección.
El escándalo del TREP ha resaltado preocupaciones sobre la integridad de los procesos electorales en Guatemala. Sectores de la sociedad civil y partidos políticos han cuestionado la opacidad y falta de claridad en las decisiones tomadas por el TSE, exacerbando la desconfianza en las instituciones electorales del país.
La prolongada ausencia de los magistrados en un momento tan crítico para el TSE plantea serias dudas sobre la capacidad de la institución para manejar eficientemente los preparativos para futuras elecciones y la implementación de las necesarias reformas electorales. Este caso continúa desarrollándose y es un reflejo de los retos que enfrenta la democracia guatemalteca.
