Hace tan solo unos días se dio el visto bueno en el Congreso de la República a la iniciativa de ley 6086, presentada por los diputados representantes de la pasada legislatura Walter Rolando Félix López (URNG-Maíz), Sonia Marina Gutiérrez Raguay (WINAK), Adán Pérez y Pérez (WINAK), Román Wilfredo Castellanos Caal (SEMILLA) y Pedro Saloj Quisquina (URNG-Maíz). Con la cual se prenden aprobar el proyecto de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales que fue presentada el 2022.
Esta es una ley, que incorpora mucho más que un Caballo de Troya para la libertad de las personas que emprenden en materia en el sector primario de la producción de alimentos en zonas que se determinarán como territorios de pueblos indígenas (un término bastante ambiguo) que convenientemente generarán una serie de crisis. Pues más allá de feudalizar el campo en diferentes regiones rurales del país, negando sistemáticamente su capacidad de agencia individual a miles de personas y generando una distinción de clase, por el mero hecho de su pertenencia genética o cultural para dejarlas bajo la tutela de las “Autoridades Ancestrales” .
Ello porque a fuerza de ley, se establece que el conocimiento pre-experimental de los pueblos indígenas del país adquirirá grado de ciencia. Y se establecen una serie de artículos que propiamente destruyen la libertad de comercio, emprendimiento, autodeterminación individual, derecho al debido proceso, derecho a beneficiarse de forma libre de los avances de científicos, derecho a la propiedad privada de personas que viven en territorios con agrupaciones ideológicas del orden ancestral.
En este sentido, hay muchos vacíos que intencionalmente se presumen y que generan una suerte de totalitarismo feudal. En principio, estas leyes dan facultades de poder público a las “autoridades ancestrales” pero en ningún momento establecen la obligatoriedad de sostener sistemas de contención del poder republicano y de alternancia democrática. Es decir, al igual que algunos COCODE rurales, las personas pueden perpetuarse en el poder y alegar esa condición “cultural” por sobre los derechos civiles y políticos de las personas en territorio.
Y es que si bien esta ley pretende vender la idea de ser una ley destinada a la protección de la propiedad intelectual y propiedad genética de los pueblos indígenas guatemaltecos. Contiene artículos que establecen la prohibición del acceso de funcionarios a las zonas que se determinen. Es decir, el gobierno de la República Democrática de Guatemala, por medio del artículo 16 de esta ley sede totalmente el dominio de algunos territorios a estas agrupaciones.
Articulo 16. Identificación de ecosistemas. Ningún ente público podrá ingresar a los territorios de pueblos, comunidades indígenas y campesinas, sin el consentimiento y coordinación debida.
Para ejemplificar la crisis que esta disolución del principio de unidad del Estado representa, si dado el caso, las autoridades locales de un territorio se pervierten y hacen uso indiscriminado del poder que se les ha delegado, para abusar de otros ciudadanos guatemaltecos de su cultura y etnia. El Gobierno de Guatemala habría renunciado a la capacidad de intervenir y garantizar los derechos civiles de las personas, abrogando el internes cultural del liderazgo del colectivo.
Peor aún, si grupos externos al país, como lo puede ser el Cartel Nueva Generación, llegan a establecer acuerdos sobre tráfico de personas, armas o drogas con las autoridades de estos territorios, toda agencia de gobierno o fuerzas de seguridad estaría atada de manos para tocar a estos grupos de crimen organizado internacional, como en cierta forma ya ocurre en el conflicto de Nahualá y Santa Catarina. Por tan solo mencionar un par de los posibles riesgos de desmantelar la unidad institucional del país.
Otra de las alarmas que puede generar esta ley, y realmente es de extrema preocupación. Es la prohibición del Articulo 23. Prohibición: Se prohíbe la importación y comercialización de organismos vivos modificados o de transgénicos que pongan en riesgo la biodiversidad y conocimientos ancestrales en el territorio nacional.
Pues pone en riesgo la seguridad alimentaria de país. Porque en materia materia de alimentos cualquier productor o empresa familiar que desee utilizar semillas mejoradas, razas mejoradas que no sean propios de estos territorios quedará bajo la discrecionalidad de este nuevo grupo burocrático en cuanto a su producción. Es decir, que se generará un nuevo nicho de corrupción que podrá extorsionar a cualquiera en nombre de una política cultural y verde.
También habría que considerar los efectos de la reducción de productividad de los suelos para muchas familias, por la ruptura de su autodeterminación y del derecho a utilizar los avances científicos para el desarrollo de su vida, en este caso la producción agrícola. Que evidentemente generaría inflación alimentaria, un uso más agresivo e intensivo de la tierra y una perdida general de los emprendedores rurales.
Todo ello, mientras el contribuyente guatemalteco de todas las otras regiones del país financia las instituciones de este orden.
Pues la propuesta establecería en su artículo 14. Mantenimiento de procesos ecológicos. EI mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber del Estado y los ciudadanos. Para el efecto el Estado a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ministerio de Cultura y Deportes, así como del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas y demás entidades públicas pertinentes, tomando en cuenta la legislación relacionada a pueblos, comunidades indígenas y campesinas, brindaran el apoyo a las autoridades comunales, técnica y financieramente, debiendo hacer los estudios de impacto ambiental, evaluaciones, incentivos y otros.
Este proyecto ley, del cual tan solo se mencionó algunos de sus aspectos críticos, cuenta con más propuestas que amplifican la destrucción del tejido productivo y social del país, ya se encuentra en su proceso de revisión en la comisión de trabajo que es presidida por Sonia Gutiérrez, una de las diputadas que presento está iniciativa en la legislatura pasada.
Así pues, mucho del futuro de nuestro país se pone a disposición de una sola ley. Las personas que trabajan y que creen en la libertad de comercio, emprendimiento o las que quieran garantizar una producción medianamente estable, deben de poner atención a esta ley mientras fortalecen una revisión crítica a la misma.
No he leído el proyecto de ley referido pero me parece que nace del abuso cometido desde hace muchísimos años sobre nuestros recursos naturales.
Los no renovables se agotarán en poco tiempo, y esto no se ve en nombre de la “productividad” del país. ¿A favor de quién? ¿Solo cuentan aquí los grandes capitales?
Sobre las instituciones existentes creadas con el fin de proteger la Naturaleza, ¡por favor! Las estatales han sido las mayores fuentes de corrupción.
No deberían existir diferentes leyes para unos y otros. Será mejor que las existentes se cumplan. Pero ya basta de tratar a los pueblos originarios como personas ignorantes o inferiores.