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Liga Pro Patria denuncia colusión y sedición en el Congreso de Guatemala

Comunicado de la asociación civil destaca presunta manipulación política y coacción externa en decisiones legislativas.

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La asociación guatemalteca Liga Pro Patria emitió un comunicado el 8 de febrero de 2024, denunciando lo que considera una “innegable colusión” entre ciertos diputados del Congreso de la República, grupos sediciosos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El documento, identificado como LPP 03-2024, critica con firmeza un Punto Resolutivo aprobado por la mayoría del Congreso el pasado 30 de enero, que felicitaba a diversos colectivos por acciones realizadas entre octubre y diciembre del año anterior y los primeros días de enero del presente año.

La Liga Pro Patria sostiene que este Punto Resolutivo es una muestra de apoyo implícito a delitos de sedición, refiriéndose a la exigencia de renuncia de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras. La organización señala que dicha resolución busca otorgar impunidad a los implicados y acusa a los diputados promotores de intentar desestabilizar ilegalmente al Ministerio Público y al Partido Semilla, así como de estar involucrados en presunto fraude electoral y maniobras con jueces extranjeros contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El comunicado enfatiza que los beneficiados directos de esta resolución son, según la Liga, burócratas del Departamento de Estado (EE.UU.), quienes habrían respaldado acciones financiadas por la USAID, y que estos hechos están bajo investigación y, a juicio de la Liga, merecen sanción.

Liga Pro Patria también acusa a algunos diputados de ser manipulados por presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, lo que según ellos resultará en más intervenciones ilegales en el futuro. Además, critican la actitud de los congresistas que apoyaron la resolución, tachándolos de no ser dignos de confianza y de traicionar a la nación al servir intereses extranjeros.

Esta denuncia viene en un contexto de tensiones políticas en Guatemala, donde las acusaciones de corrupción y manipulación política han creado un ambiente de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y la influencia extranjera.

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