El Presidente Bernardo Arévalo ha confirmado que solicitó a la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) investigar a los ciudadanos que se postularon como candidatos en la elección de gobernadores. Esta acción ha generado controversia, dada la naturaleza de la SIE, cuya misión está vinculada a la seguridad nacional y no a procesos de elección de gobernadores, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la legalidad y la ética de tales investigaciones.
El mandatario guatemalteco justificó la intervención de la SIE argumentando que esta se limitó a recopilar información de fuentes abiertas. Sin embargo, la legislación guatemalteca que regula las actividades de inteligencia, específicamente en lo concerniente a la SIE, establece claramente que su ámbito de competencia está ligado a temas de seguridad nacional.
La ley que rige el Sistema Nacional de Seguridad, incluyendo el artículo 25, prohíbe a las instituciones de inteligencia realizar operaciones que deriven de sus propias investigaciones en contextos no relacionados con la seguridad nacional. Asimismo, el artículo 41 establece limitaciones claras a la actuación de la SIE, prohibiéndole realizar investigaciones en beneficio de particulares o actuar de manera que limite los derechos políticos y la libertad de expresión.
Analistas y expertos en legislación y seguridad han señalado que, de acuerdo con la ley, ninguna institución del sistema nacional de seguridad, incluida la SIE, puede involucrarse en investigaciones que entorpezcan el ejercicio de derechos políticos tal y como sucedió en este caso donde derivado de dicha investigación varios candidatos quedaron fuera de elección. Este marco legal pone en entredicho la legalidad de las acciones admitidas por el Presidente Arévalo y sugiere posibles violaciones a los derechos de los candidatos.
La admisión del Presidente Bernardo Arévalo sobre la intervención de la Secretaría de Inteligencia Estratégica en el proceso de elección de gobernadores ha encendido un debate sobre la legalidad de las investigaciones realizadas y el respeto a los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Esta situación subraya la necesidad de claridad, transparencia y adherencia estricta a la legislación vigente en todas las acciones gubernamentales, especialmente aquellas que intersecan con la seguridad nacional y los procesos democráticos.
