Hace algunos días se resaltaba que un sistema económico requiere de infraestructura para que se cohesione el conjunto de relaciones que permita la reproducción sostenible de ese sistema en el mediano y largo plazo y que la infraestructura productiva generada tanto por los agentes económicos individuales y corporativos, como la generada por el sector público en los últimos cinco años ha sido uno de los impulsores de un crecimiento promedio nominal de la actividad económica en 8.3% anual. Se recuerda que según datos del BANGUAT, el aporte del sector público a la creación de infraestructura productiva y social, durante los últimos cinco años llegó a Q14,034.6 millones de un total de Q 132,393.7 millones, un aporte poco significativo para lograr ese fortalecimiento de los engranajes económicos y que en un esquema de soberanía económica, pareciera que poco importa que el sistema económico sea generador de mayor crecimiento para mejorar las condiciones socioeconómicas de guatemaltecos.
Se recuerda que una alternativa para el financiamiento directo de tal infraestructura por el sector público son los ingresos por deuda pública y se indicó que el Estado de Guatemala durante los años de 2019 a 2023 obtuvo ingresos por Q85,558.9 millones con esa fuente y específicamente Q49,740.7 millones provinieron de deuda pública interna, ingresos que pudieron financiar la creación de infraestructura productiva. Según registros del SICOIN (Sistema de Contabilidad Integrada), el 38.7% fue destinado a financiar gastos de funcionamiento, o sea Q19,249.1 millones.
Si eso fue en los últimos cinco años, inquieta saber qué es lo que está sucediendo durante el presente ejercicio fiscal. De los Q2,566.1 millones de ingresos por deuda pública interna generados entre mayo y junio, se ha continuado con la práctica de efectuar gasto de funcionamiento con esa fuente de ingresos por Q225.6 millones de un total de Q424.7 millones, representando el 53.1% y el restante 46.9% si se destinó a gasto de inversión; es decir, Q199.1 millones. Se resalta que al igual que durante los últimos cinco años se pagó servicio de la deuda, al 7 de junio de 2024 aún no se gasta en ello, aunque se aprecia que ya existe crédito presupuestario por Q9,384.5 millones para pagar deuda pública con deuda pública interna en lo que resta del 2024.
Si el límite durante 2024 para generar deuda pública interna es de Q12,576.3 millones, queda pendiente de obtener ingresos con esa fuente por Q10,010.2 millones, que bien pudieran dedicarse a financiar inversiones públicas.
Al observar en detalle el gasto de funcionamiento financiado con la fuente de ingresos objeto de análisis, se observa que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha ejecutado el 15.9% del presupuesto asignado de un total de Q650.0 millones destinados al programa de atención al adulto mayor; es decir, Q103.5 millones. Gastos menores han sido efectuados por el Ministerio de Gobernación, Economía, Desarrollo Social y Q90.9 millones por Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
A nivel territorial, al Departamento de Guatemala se ha destinado el 61.9% y el 38.1% se ha destinado a gasto multiregional; o sea que si se considera un gasto de funcionamiento por Q225.6 millones, es oportuno indicar que aún se dispone de Q1,709.7 millones de crédito presupuestario en funcionamiento, para continuar con la práctica de realizar gasto de funcionamiento con ingresos de deuda pública, según información obtenida de SICOIN.
Parte del destino de ingresos generados por creación de deuda pública, es la atención a desastres y gestión de riesgos y transferencias monetarias del programa temporal de desarrollo integral, los cuales han agotado su disponibilidad presupuestaria, asciendo ambos a un gasto de Q6.3 millones.
Se observa también que continúa la práctica de financiar la compra de combustibles, lubricantes, primas, gastos de seguros, así como gastos bancarios y comisiones, los cuales a la fecha de este análisis asciende a Q31.3 millones, cuyas asignaciones presupuestarias para el presente año se han agotado, a excepción de los combustibles que únicamente se ha gastado Q25.0 millones de los Q200.0 millones asignados con la referida fuente de financiamiento.
Si durante el año 2023 se efectuaron gastos de funcionamiento por Q201.3 millones con ingresos obtenidos de la creación de deuda interna, que venía disminuyendo drásticamente, al 7 de junio de 2024, el gasto público asciende a Q225.7 millones, o sea Q24.4 millones más y con las asignaciones presupuestarias previstas hasta el momento, la posibilidad de aumentar el gasto público de funcionamiento con generación de deuda pudiera ser tentadora.
Ante el escenario de una ampliación presupuestaria por Q14,451.7 millones en análisis en el Congreso de la República, justificada en una mayor disponibilidad de ingresos corrientes, cualquiera se puede preguntar: ¿Para qué se quiere endeudarse más, si se tiene exceso de disponibilidad de ingresos corrientes? O dicho de otra manera, si se tiene mayor disponibilidad de ingresos debido a una mayor recaudación de tributos, para qué se va a generar más deuda pública interna? Y si aún así fuera mayor la reflexión, ¿no debería destinarse ese excedente de ingresos o la generación de deuda pública a financiar inversión pública? ¿Porqué se va a desperdiciar la oportunidad de sanear las finanzas públicas y no destinar la disponibilidad de ingresos para fortalecer la base económica de los guatemaltecos incrementando la inversión pública? ¿Qué se gana con financiar con deuda pública un gasto que se esfumará este año y que en los próximos años pueda crear el fantasma de que se dispone de financiamiento para gasto de administración?
Corresponde al Congreso de la República considerar criterios de soberanía económica, que el financiamiento del crecimiento provenga de manera endógena, que se cree infraestructura, sobre cuyos proyectos ya hay variedad de ellos en discusión y los estudios de factibilidad concluidos. Es hora de actuar.
