La controversia se intensifica en Guatemala después de que el presidente Arévalo ordenara retirar la protección policial a 17 diputados opositores. Mientras tanto, diputados aliados al presidente continúan recibiendo seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC). Los documentos adjuntos muestran un posible revanchismo político, exacerbando las tensiones en el país.
El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, ha anunciado la finalización de un proceso de revisión de los esquemas de seguridad otorgados a varios diputados. Como resultado, se decidió retirar la protección a 17 diputados opositores, una medida que ha levantado sospechas de represalias políticas. Los documentos adjuntos revelan que mientras estos diputados opositores pierden su seguridad, otros políticos cercanos al presidente, como José Orlando Pérez Marroquín y Manfredo Duvalier Castañón González, mantienen esquemas de seguridad brindados por la PNC desde el 17 de marzo de 2024.
Este movimiento ocurre pocos días después de que el Congreso rechazara la declaración de estado de calamidad propuesta por el presidente Arévalo, con 97 votos en contra de un total de 160. La decisión de retirar la seguridad a estos diputados ha sido interpretada por muchos como una acción impulsiva y vengativa del presidente, destinada a castigar a sus oponentes políticos en lugar de fomentar el consenso y las alianzas necesarias para la gobernabilidad.
El retiro de la protección se realizó de manera discrecional y sin un análisis de riesgo adecuado, lo que ha generado preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los diputados afectados, quienes enfrentan altos riesgos de seguridad. La situación se agrava al considerar que otros políticos del partido del presidente, como el alcalde Genaro Méndez Carreto de Palestina de los Altos, Quetzaltenango, también siguen contando con la protección de la PNC.
Los documentos adjuntos destacan la disparidad en el trato de los esquemas de seguridad. Una solicitud de seguridad urgente para los diputados José Orlando Pérez Marroquín y Manfredo Duvalier Castañón González fue aprobada, garantizando su protección y cuestionando la imparcialidad en la asignación de recursos de seguridad por parte del gobierno.
La medida del presidente Arévalo de retirar la seguridad a 17 diputados opositores mientras mantiene la protección para sus aliados refleja un comportamiento de revanchismo político que podría complicar aún más la situación en Guatemala. En lugar de buscar el diálogo y la colaboración, esta acción parece destinada a castigar a aquellos que no apoyaron su propuesta, lo que podría traer consecuencias negativas para su administración y la estabilidad política del país. Con una estrategia que parece alejar más a sus oponentes, Arévalo enfrenta el reto de gobernar en un ambiente cada vez más polarizado.
