El diputado Juan Carlos Rivera, del bloque Victoria, ha planteado la declaración de un estado de calamidad como solución para mejorar la economía y reducir los precios de la canasta básica en Guatemala. Sin embargo, detrás de esta propuesta podría esconderse una estrategia para evadir la ley de contrataciones y fomentar la corrupción, en un contexto donde el gobierno ha sido acusado de llevar al país al borde del colapso.
Declarar el estado de calamidad es necesario para reducir los precios de la canasta básica y mejorar la economía de todos los guatemaltecos.
— Juan Carlos Rivera (@DiputadoRivera) July 7, 2024
El incremento en los precios de la canasta básica en Guatemala es inevitable si el Gobierno no toma medidas urgentes para mejorar la…
Esta mañana, el diputado Juan Carlos Rivera expresó en su cuenta de X la necesidad de declarar un estado de calamidad para enfrentar la crisis económica y la subida de precios de la canasta básica. Rivera argumenta que la desastrosa condición de las carreteras y puentes incrementa los costos logísticos, lo que se traduce en mayores precios para el consumidor final. Propone que la mejora de la infraestructura vial reduciría estos costos y mejoraría la competitividad.
Rivera afirma que la inversión en infraestructura es crucial para reducir los costos de transporte, facilitando el movimiento rápido y seguro de productos. Según él, esta medida justificaría la declaración de un estado de calamidad, permitiendo movilizar recursos financieros y técnicos rápidamente, y establecer alianzas público-privadas para rehabilitar y mantener la red vial.
No obstante, críticos del gobierno señalan que la insistencia en declarar un estado de calamidad responde a motivos cuestionables. Desde los primeros meses de gestión, el gobierno ha intentado imponer esta medida, enfrentándose a la resistencia del Congreso. La preocupación principal es que la declaración de calamidad permitiría evadir la ley de contrataciones, abriendo la puerta a actos de corrupción.
Además, el gobierno ha buscado una ampliación presupuestaria de 14 mil millones de quetzales, presentándola engañosamente como un reajuste. Esto ha sido interpretado como un intento de obtener recursos adicionales sin la debida supervisión, en un momento en que el manejo económico y la infraestructura del país están al borde del colapso.
La propuesta del diputado Rivera de declarar un estado de calamidad para abordar la crisis de infraestructura y reducir los precios de la canasta básica podría tener implicaciones serias para la transparencia y la legalidad en Guatemala. Es esencial que el Congreso y la ciudadanía estén atentos a las verdaderas intenciones detrás de esta medida y demanden soluciones que no comprometan la integridad del sistema de contrataciones ni fomenten la corrupción. La mejora de la infraestructura debe ser una prioridad, pero siempre bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas.
