Gobierno Declara Estado de Calamidad: Análisis de una Medida Urgente y Cuestionada

El Gobierno de Guatemala ha declarado un Estado de Calamidad en todo el país debido al alto índice de acumulación de lluvias y la saturación actual de los suelos. Esta medida, publicada hoy en el Diario de Centroamérica, destaca la incapacidad del Gobierno para gestionar la situación y ahora depende del Congreso aprobar o rechazar la declaración. A continuación, se proporciona un análisis del contexto y las implicaciones de esta decisión, incluyendo comentarios del Dr. Omar Barrios.

La declaración de un Estado de Calamidad llega en un momento crítico, cuando el país enfrenta un grave deterioro de su infraestructura vial. Durante los casi ocho meses de gestión del actual gobierno, no se ha logrado proporcionar el mantenimiento necesario a carreteras y puentes, lo cual ha agravado la situación. Las malas condiciones de las vías no solo dificultan el transporte, sino que también incrementan los costos logísticos, afectando directamente a los consumidores y elevando los precios de la canasta básica.

La incapacidad del gobierno para gestionar y mantener la infraestructura vial ha generado un colapso en el sistema de transporte del país, lo que ha sido un factor clave en la declaración de este Estado de Calamidad. Esta medida, sin embargo, ha levantado sospechas entre diversos sectores de la sociedad. Algunos críticos argumentan que el gobierno podría estar utilizando la crisis actual como una justificación para implementar un estado de calamidad, lo que permitiría evadir la ley de contrataciones y facilitar posibles actos de corrupción.

El Dr. Omar Barrios, experto en derecho, ha emitido un análisis detallado del Decreto Gubernativo No. 2-2024, destacando varias irregularidades y errores en la declaración del estado de calamidad:

1. Publicación y Justificación: El decreto fue finalmente publicado el 8 de julio de 2024, después de muchas explicaciones. Sin embargo, Barrios señala que no existe un “estado de calamidad preventivo”. El Artículo 2 del decreto establece que la razón es el “riesgo de experimentar desastres naturales”, lo cual debería clasificarse como un estado de prevención, no de calamidad.

2. Error Material y Consecuencias: Barrios advierte que el Congreso no puede ratificar un error material del decreto. Si lo hiciera, tendrían serios problemas para ejecutar los recursos, ya que “riesgo” no justifica el gasto público en la misma forma que una calamidad. Esto podría disuadir a los contratistas de firmar acuerdos, temiendo sanciones de la Contraloría.

3. Definición de Desastres Naturales: Barrios aclara que no existen los “desastres naturales” como tal; la lluvia y las tormentas son fenómenos naturales. El verdadero desastre es la falta de preparación y la incapacidad de los funcionarios para gestionar estos riesgos.

4. Restricción de Libertades: El decreto restringe la libertad de locomoción en toda la República, indicando una falta de control y capacidad de atención por parte del gobierno en todas las áreas del país, lo cual Barrios considera una exageración.

5. Incorporación de Ideas: Barrios menciona que el artículo 11 del decreto incluye una idea personal que propuso hace unos años, la cual ha sido incorporada en este gobierno.

La declaración del Estado de Calamidad en Guatemala pone en evidencia la incapacidad del gobierno para manejar las condiciones climáticas adversas y mantener la infraestructura vial. Es esencial que el Congreso y la ciudadanía permanezcan vigilantes y exijan transparencia en la gestión de esta crisis, asegurándose de que las medidas tomadas no comprometan la integridad y la legalidad del proceso, ni abran la puerta a la corrupción. La mejora de la infraestructura debe ser una prioridad, pero siempre dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.