Las autoridades indígenas que visitaron el Congreso de la República expresaron su descontento por la falta de inclusión en el reciente aumento presupuestario aprobado de urgencia nacional. A pesar de sus repetidas solicitudes, como la de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, no han recibido un aumento en más de 10 años. La comunidad indígena critica al gobierno de Bernardo Arévalo por priorizar a organizaciones aliadas y dejar de lado a otras instituciones representativas.
Durante una reciente visita al Congreso de la República, autoridades indígenas manifestaron sentirse excluidas en temas de presupuesto, a pesar de sus esfuerzos para ser escuchadas. Desde hace más de 10 años, instituciones clave como la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala no han recibido un aumento en su financiamiento. A pesar de haber presentado sus solicitudes al Ministerio de Finanzas desde febrero de este año, no han obtenido una respuesta concreta, a pesar de las múltiples reuniones mantenidas con funcionarios.
El malestar de las autoridades indígenas se intensificó tras la aprobación de la ampliación presupuestaria en el Congreso, un proceso que se llevó a cabo de urgencia nacional. Tanto en la propuesta original enviada por el Ejecutivo como en las modificaciones realizadas antes de su aprobación, las instituciones del sector indígena no fueron incluidas. Esto ocurre a pesar de que la diputada Sonia Raguay, quien representa a la comunidad indígena, forma parte de la Junta Directiva del Congreso.
La situación se agrava por la percepción de que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha priorizado el acercamiento con organizaciones indígenas que apoyaron los bloqueos de octubre de 2023, excluyendo a otras representaciones legítimas de la comunidad indígena. Este enfoque selectivo ha generado malestar en una parte considerable de la comunidad, que siente que sus necesidades y demandas no están siendo debidamente atendidas.
Por ahora, las autoridades indígenas continúan a la espera de que sus peticiones sean más que escuchadas, y se conviertan en acciones concretas por parte del Ejecutivo, especialmente ante la inminente presentación del proyecto de presupuesto para el año 2025. La comunidad indígena exige un trato equitativo y un compromiso real por parte del gobierno para garantizar que sus instituciones reciban el apoyo necesario para cumplir con sus funciones.
