El Decreto 17-2024, aprobado por diputados cercanos al oficialismo, ha encendido alarmas por las flagrantes violaciones constitucionales que implica. Según un análisis detallado del Profesor Omar Barrios, experto en Derecho Constitucional y académico destacado, este decreto no solo usurpa atribuciones exclusivas del Organismo Ejecutivo, sino que también pone en riesgo la estabilidad y legalidad del sistema presupuestario del país, con posibles consecuencias graves para la administración pública en Guatemala.
El Profesor Omar Barrios, reconocido por su profundo conocimiento en Derecho Constitucional, ha realizado un análisis exhaustivo del proceso legislativo que condujo a la aprobación del Decreto 17-2024. En su análisis, Barrios resalta que la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en su artículo 171, confiere al Organismo Ejecutivo la responsabilidad exclusiva de formular y presentar el proyecto de presupuesto general del Estado al Congreso. Este mandato constitucional está diseñado para asegurar que el presupuesto refleje la política económica y social del Gobierno, y sea elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin), en conjunto con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
La Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) refuerza este principio, estableciendo claramente que es el Ministerio de Finanzas Públicas el órgano rector del proceso presupuestario, con la tarea de consolidar los presupuestos institucionales y presentar cualquier iniciativa de ampliación o modificación presupuestaria. Sin embargo, el Decreto 17-2024, que introduce una ampliación al presupuesto vigente, fue formulado y presentado por diputados, sin la intervención del Ejecutivo, lo que constituye, según el Profesor Barrios, una clara usurpación de funciones.
El Profesor Barrios también subraya que el Decreto 16-2024, que buscaba una ampliación presupuestaria similar, está suspendido por un amparo provisional. Este hecho debería haber impedido cualquier nueva aprobación hasta que se resolviera la situación legal del decreto suspendido. Al ignorar este proceso legal en curso, los diputados que promovieron y aprobaron el Decreto 17-2024 no solo violaron la Constitución, sino que también desacataron el debido proceso legislativo, aumentando las irregularidades de esta acción.
Barrios argumenta que permitir esta clase de actos arbitrarios pone en peligro la unidad presupuestaria, un principio fundamental que garantiza que el presupuesto del Estado sea una expresión coherente y organizada de las políticas públicas, y no un conjunto de decisiones fragmentadas e incoherentes tomadas por distintos actores sin la debida coordinación y planificación.
El análisis del Profesor Omar Barrios concluye que el Decreto 17-2024 es una grave violación de la Constitución y de la Ley Orgánica del Presupuesto. Esta acción del Congreso, al invadir competencias exclusivas del Organismo Ejecutivo, no solo socava la separación de poderes, sino que también establece un peligroso precedente para el futuro de la administración pública en Guatemala. Si el Tribunal Constitucional no interviene para corregir esta ilegalidad, el Congreso podría asumir un rol indebido en la gestión presupuestaria, debilitando la gobernabilidad y afectando negativamente a los órganos del Estado, que quedarían sujetos a la voluntad arbitraria de los legisladores. Este caso sirve como una advertencia sobre la importancia de respetar los límites constitucionales y de mantener la integridad del proceso legislativo y presupuestario en el país.
