No hay duda de que la división de poderes es fundamental para cualquier sistema democrático. Es imperativo proteger con mucho cuidado a la independencia judicial, que es un pilar fundamental de la República. No se trata solo de una cuestión teórica. Se trata de la protección de los derechos del ciudadano, el escudo contra el abuso del poder.
La justicia imparcial y objetiva depende, en gran medida, de la independencia judicial. Los jueces deben actuar sin presiones provenientes de otros poderes del Estado. Solo cuando el poder judicial está protegido de influencias indebidas, se puede garantizar su imparcialidad.
Resulta comparable la situación con un campo de batalla, donde la justicia se enfrenta a las fuerzas que intentan violentarla, resistiendo valientemente. En este aspecto, el papel del juez independiente es como el soldado que protege su posición en la primera línea.
El concepto de separación de poderes no es reciente. En su obra “El espíritu de las leyes”, Montesquieu sostuvo que un equilibrio es fundamental para evitar cualquier tipo de abuso. Esto se logra cuando el propio poder tiene mecanismos que lo limitan y controlan. De esta forma, se garantiza que cada rama del Gobierno opere de manera autónoma y eficiente.
Dado que pueden surgir amenazas a la independencia judicial desde diferentes direcciones, es de vital importancia que los ciudadanos comprendan y salvaguarden esta premisa: la justicia no debe convertirse en una herramienta para destruir, sino ser un refugio para proteger los derechos individuales. Cuando no existe una judicatura independiente, la separación de poderes se convierte en un mero cumplimiento superficial, en una apariencia que oculta la arbitrariedad.
La independencia judicial es fundamental para mantener la separación de poderes y, en última instancia, asegurar el funcionamiento adecuado de un sistema democrático. De esta manera, garantizaremos que el Derecho continúe siendo la última defensa de la libertad y la dignidad humana.