En un contexto de creciente incertidumbre política, México se encuentra al borde de una transformación que podría redefinir su sistema democrático. A un mes de que Claudia Sheinbaum asuma la presidencia, el país se encuentra inmerso en una disputa que va más allá de la típica transición de poder: el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado un ambicioso plan de reforma judicial que podría consolidar el poder del partido Morena en todas las ramas del gobierno.
No es un secreto que AMLO ha sido un líder controversial, cuya popularidad se ha mantenido fuerte a pesar de sus políticas polarizantes. Sin embargo, su última maniobra política, que involucra una reestructuración del poder judicial, plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la democracia en México. ¿Estamos presenciando un intento de perpetuar el poder de un solo partido a expensas de las instituciones que deberían actuar como contrapesos?
El plan, que propone que los jueces sean elegidos por voto popular, en teoría, suena como un avance democrático. Pero en la práctica, dado el dominio electoral de Morena, esta reforma podría resultar en la total politización del poder judicial. En lugar de abordar los problemas de corrupción y eficiencia que aquejan al sistema de justicia, este cambio podría simplemente trasladar la lealtad de los jueces hacia el partido en el poder, erosionando aún más la independencia judicial.
La preocupación no es solo nacional. Los mercados financieros ya han respondido negativamente, reflejando el temor de que la incertidumbre política afecte la estabilidad económica de México. Bank of America y Morgan Stanley han emitido advertencias sobre los riesgos que estas reformas representan para la democracia y la economía del país. Y no solo ellos están preocupados; el gobierno de Estados Unidos, principal socio comercial de México, también ha expresado su inquietud, sugiriendo que estos cambios podrían facilitar la influencia de actores criminales en la política mexicana.
A lo largo de su mandato, AMLO ha intentado reformar varias instituciones clave del país. Sin embargo, la contundente victoria de Morena en las elecciones legislativas de junio le ha dado la oportunidad de llevar a cabo su “Plan C”, un conjunto de reformas que, si se aprueban, podrían consolidar el poder de su partido durante años, quizás décadas. La pregunta que surge es: ¿A qué costo?
Nadie puede negar que el sistema judicial de México necesita reformas profundas. Sin embargo, el camino propuesto por López Obrador parece ignorar los verdaderos problemas: la corrupción en las fuerzas policiales y la fiscalía, y la impunidad que reina en todos los niveles. En lugar de fortalecer la justicia, estas reformas podrían convertir a los jueces en rehenes de la opinión pública y, peor aún, en instrumentos de una política partidista.
En este contexto, Claudia Sheinbaum enfrenta un reto monumental. Aunque ha expresado su apoyo a las reformas de AMLO, es evidente que necesitará el respaldo de su predecesor para mantener su posición. Sin embargo, este respaldo viene con un alto precio: la posibilidad de que el legado de López Obrador la obligue a gobernar en la sombra de su mentor, en lugar de liderar con independencia.
El próximo mes será crucial para el futuro de México. Si las reformas se implementan, el país podría enfrentar un retroceso en su democracia, con un poder judicial que actúe más como un brazo del ejecutivo que como un árbitro imparcial de la ley. En última instancia, México podría encontrarse en un camino hacia un sistema de gobierno sin contrapesos, donde la concentración del poder en un solo partido ponga en riesgo los principios fundamentales de la democracia.