El Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, que mejora significativamente los ingresos de los pensionados del Estado. A pesar de un intento de la diputada oficialista Andrea Villagrán para frenar la iniciativa, la presión de los grupos de pensionados y la oposición a su bloqueo dentro y fuera del Congreso llevaron a su aprobación, otorgándole el número de decreto 18-2024.
En una sesión plenaria marcada por tensiones y bloqueos, el Congreso aprobó la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, una medida que otorga mejoras económicas sustanciales a los pensionados del Estado. Previo al inicio de la sesión, la diputada oficialista Andrea Villagrán intentó retirar la iniciativa de la agenda, argumentando que la ley necesitaba un dictamen del Ministerio de Finanzas antes de ser discutida. Este intento fue respaldado únicamente por los diputados de la bancada independiente del suspendido partido Semilla, quienes junto a otros aliados oficialistas intentaron bloquear su discusión en un punto mayor de la agenda legislativa.
Posteriormente, la sesión fue interrumpida por más de 30 minutos, durante los cuales se observaron reuniones entre diferentes bloques legislativos. Al reanudar la sesión, los jefes de bloque acordaron priorizar la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado como el primer punto en la agenda. Tras varios ajustes y enmiendas, la ley fue finalmente aprobada con un amplio respaldo, convirtiéndose en el Decreto 18-2024.
La aprobación de esta ley fue seguida de cerca por grupos de pensionados, quienes se manifestaron tanto dentro como fuera del Congreso, exigiendo su aprobación. La presión pública, sumada al rechazo que generó el intento de bloque por parte del oficialismo, provocó que la bancada de gobierno optara por apoyar la ley. La negativa inicial y el posterior cambio de postura del bloque oficialista generaron críticas, ya que varios sectores consideraron que el rechazo inicial habría sido una burla para los jubilados.
La Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado otorga mejores condiciones económicas para los pensionados, quienes llevaban tiempo esperando una actualización en sus beneficios. El apoyo popular a la medida fue decisivo para que se concretara la aprobación, a pesar de los intentos de obstrucción iniciales.
