La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) ha intensificado la investigación sobre una supuesta red de defraudación fiscal, conocida como caso B-410, que involucra a 35 personas, tanto físicas como jurídicas. Estas entidades habrían utilizado estructuras empresariales ficticias para defraudar al erario público, lo que constituye un grave delito contra la administración tributaria.
Avance en las Diligencias de Investigación
Desde que el MP recibió la querella presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el pasado 14 de agosto, la Fiscalía ha realizado múltiples diligencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y reunir evidencias contundentes. Entre estas acciones, destacan 17 allanamientos efectuados en propiedades relacionadas con la estructura investigada. El 16 de agosto se llevaron a cabo seis allanamientos, incluyendo la incautación de pruebas en una oficina jurídica en la Zona 9, donde se recopiló información clave sobre el modus operandi de dos notarios implicados.
La Fiscalía ha identificado que estos notarios se dedicaban a crear sociedades anónimas, que posteriormente eran vendidas a terceros sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Parte de estas entidades formaban parte de la red B-410, que se investiga por haber emitido facturas irregulares y tener posibles vínculos con contratos gubernamentales.
Para el 12 de septiembre, la Fiscalía amplió sus esfuerzos al realizar 11 diligencias adicionales en inmuebles registrados como domicilios fiscales de empresas involucradas en el caso B-410. Estos procedimientos buscan confirmar la existencia de las empresas y determinar si cuentan con recursos para justificar sus operaciones comerciales.
Además, el MP ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial en las compras de 13 entidades gubernamentales, debido a la posible vinculación de nueve empresas del grupo B-410 en ventas directas al Estado. La SAT ha concluido auditorías preliminares, centradas en cinco empresas constructoras que, según las primeras conclusiones, habrían trabajado únicamente con dos proveedores del grupo. Sin embargo, la Fiscalía considera que estas auditorías deben ampliarse, ya que existen más de diez proveedores adicionales que podrían estar involucrados en el esquema de defraudación.
El MP continúa consolidando pruebas financieras que fortalecerán la investigación, para lo cual trabaja en estrecha coordinación con la SAT y la Contraloría. La Fiscalía ha establecido plazos prudenciales para que la SAT complete las auditorías, aunque esta ha solicitado una prórroga para finalizar el proceso. La meta es garantizar una investigación exhaustiva que abarque no solo delitos tributarios, sino cualquier otro ilícito conexo vinculado a la operación de estas empresas ficticias.
