La investigación del Ministerio Público surge a raíz de una denuncia que señala a varios actores involucrados en el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre los señalados están Estuardo Gálvez, José Estuardo Gálvez Morales, Walter Javier Barrios Monzón y Flor de María Gálvez Barrios. Según la denuncia, Walter Javier Barrios Monzón, quien formaba parte de la Comisión de Postulación representando al Colegio de Abogados, también fue postulante y seleccionado para el listado final de magistrados, lo que plantea un claro conflicto de interés.
El hecho más grave señalado en la denuncia es que Barrios Monzón votó a favor de Flor de María Gálvez Barrios, quien es su tía, lo cual, según las acusaciones, contraviene los principios de imparcialidad y transparencia. La denuncia argumenta que Barrios Monzón debió abstenerse de votar por ella para evitar un conflicto de interés, pero no lo hizo.
Además, se señala que José Estuardo Gálvez Morales y Walter Javier Barrios Monzón son socios, lo que podría indicar una red de relaciones personales y profesionales que afectó el proceso de selección. Por otro lado, Flor de María Gálvez Barrios está acusada de haber mentido en su declaración jurada al no revelar que tenía familiares en la Comisión de Postulación, lo que constituye una violación a la normativa establecida para garantizar la transparencia del proceso.
Esta situación ha llevado a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicite información detallada sobre la votación realizada dentro de la Comisión de Postulación. La FECI ha pedido al presidente de la Comisión, Miquel Cortés Bofill, un informe sobre cómo se llevó a cabo la postulación de Flor de María Gálvez Barrios y cuáles fueron los votos específicos de cada miembro, con el objetivo de identificar si hubo irregularidades en el proceso.
Las investigaciones están en una etapa preliminar, pero el enfoque está puesto en esclarecer las posibles violaciones éticas y legales en el manejo del proceso de selección de magistrados. Estas irregularidades, de ser confirmadas, podrían tener serias repercusiones para los implicados y afectar la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco.
