Traduciendo el título de esta opinión debo comenzar por aclarar que decretar un salario mínimo y venderlo como un asunto de “justicia” social es una medida populista que atenta contra los principios de la libertad económica.
En la primavera del absurdo del gobierno demagógico en turno y ante la falta de resultados que les garanticen el apoyo de la población han terminado por caer en la tentación de recurrir al populismo para obtener un apoyo a corto plazo, por ello han aumentado el salario mínimo en un 10% ¿pero realmente es una medida económica que traiga desarrollo al país?
En realidad no, porque la imposición por la fuerza de un salario mínimo (la sola existencia del mismo) resulta en ser una medida que termina por distorsionar el mercado laboral, no aborda las causas estructurales de la pobreza y termina perjudicando al mediano y pequeño empresario (no a las grandes corporaciones), porque aquellas que operan en sectores con márgenes de beneficio más bajo se verán obligadas a despedir empleados (los no despedidos verán un poco más de dinero a fin de mes pero su carga de trabajo aumentara el doble para cubrir la productividad), reducir horas de trabajo, cerrar operaciones o como algunos que se creen más listos en Internet están diciendo: AUMENTAR EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, es decir trasladar el costo al consumidor final, pero están olvidando que los congresistas recientemente aprobaron la Ley de Competencia que le permite al gobierno controlar los precios de lo que los ciudadanos producen, por lo que el resultado más probable de esta medida populista sea que los trabajadores con bajos ingresos que no alcanzan el salario mínimo terminen participando en el sector informal, un sector en el que de hecho ya participa el 70% de los trabajadores en Guatemala y que con esta medida se disparara dicho porcentaje porque es la receta perfecta para la inflación, el incremento en el costo de la canasta básica, el aumento en la dificultad para atraer inversión, se afectara el acceso al empleo formal, habrá fuga de capitales y lo peor la pérdida del poder adquisitivo de la población.
Vender la idea de que el salario mínimo es el remedio que combate a la pobreza es en realidad como cuando un medico en vez de darte el medicamento que necesitas, te da un placebo, por lo que presentar esta medida como un “paliativo” para combatir la pobreza es en realidad intervencionismo estatal para limitar la libertad de las partes involucradas en una relación laboral (en la que tanto trabajador como patrono entran voluntariamente), el salario es por tanto un tema que debe ser fijado por el propio mercado.
¿Qué tan cínico se debe ser para aumentar el salario cuando la infraestructura del país está en pésimas condiciones, hay riesgo de sufrir extorsiones, existen exceso de regulaciones con las cuales cumplir y hay demora en puertos que afectan la competitividad y obligan al empresariado a cubrir costos extras? El discurso es estéril, solo una vil cortina de humo, un intento de tapar el sol con un dedo ante la falta de condiciones favorables generadas por el gobierno en beneficio de los individuos y su libertad.
¿Debe sorprendernos que ellos consideran fácil echar pluma sobre el salario? Si total Arévalo es un diplomático de carrera y por ende jamás tuvo que generar un empleo en su vida (salvo el netcenter, las plazas para los amigos, financistas y politokers y por supuesto el fotógrafo de Q30,000.00, pero que igual les paga con nuestros impuestos), aún así tiene el absoluto descaro de decirle cómo hacerlo a quienes si generan empleos, pero la capacidad y la formación no son méritos que se tomen en cuenta por este gobierno, de allí que tuviéramos un ministro de infraestructura que es médico.
Muchos podrán pensar que es necesario fijar salarios mínimos porque consideran a los empleadores como injustos o autoritarios (no es que no los haya) pero fijar salarios por decreto no resolverá los problemas económicos de fondo y póngase a pensar que la primavera en ningún caso ha podido inventar el agua azucarada y que el aumento al salario mínimo por ende tampoco es una medida populista nueva y es otro punto donde son iguales a los gobiernos anteriores. Aumentar el salario de forma desproporcionada y sin justificación técnica no es para nada un golpe en la línea de la promesa de campaña “un futuro sin CACIF” sino más bien una medida que afecta en primer lugar al trabajador del sector formal porque la población económicamente activa que depende de un salario es mucho menor que la gran mayoría de la población y por eso no es la gran mayoría la que verá el beneficio, sobre todo porque el sector formal debe cubrir aquellos gastos generados por la inseguridad, la falta de infraestructura vial adecuada, entre otras problemáticas que le impiden generar más empleos.
La alternativa la vemos fuera, en países donde los índices son altos en libertad económica y donde los mercados laborales funcionan de manera eficiente gracias a la libre competencia, la flexibilidad y la capacidad de los patronos y los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo sin la intervención del socio vago (El Estado), por ende los salarios son el resultado de la oferta y la demanda de trabajo, y no una imposición externa y sin sentido. Un ejemplo de esta
tesis es Suiza que no lo fija por ley porque apuesta por una economía abierta, flexible y con un sistema de formación profesional para que los salarios se ajusten a las capacidades del trabajador y las necesidades del patrono en el mercado y los resultados son que hay mayor productividad, se crea empleo y se reduce la pobreza por lo que pese a que no existe el salario mínimo en ley el trabajador recibe un salario que le permite ser próspero económicamente.
En la economía libre las empresas ajustan los salarios de conformidad con la productividad de los trabajadores y las condiciones del mercado, es decir hay salarios más bajos en sectores de baja productividad y salarios más altos en sectores de alta productividad. Pensar que todos ganen lo mismo sin que importe la productividad es tan absurdo como pretender que una mujer futbolista a nivel profesional gane lo mismo que Messi o Cristiano Ronaldo cuando la mayoría pagaría un boleto por ver a estos últimos, pero no por ver a la primera.
Además, ¿Si fijamos por decreto un salario mínimo como podrán las empresas adaptarse a las fluctuaciones del mercado? (Como en la pandemia cuando los despidos fueron masivos poque las leyes de la oferta y la demanda de los productos y servicios fluctuaron), por ello cuando hay flexibilidad salarial y se fija por decreto lo que se hace es imponer restricciones artificiales sobre los salarios que las empresas pueden ofrecer, lo que puede llevar a una menor contratación, a la creación de empleos informales o, incluso, a la sustitución de mano de obra por tecnologías.
Los citadinos además de las problemáticas ya expuestas deben considerar además que si están hartos del tráfico seguirán estándolo y cada día empeorara porque el salario mínimo por decreto en la ciudad es más alto que en el resto del país (los salarios en general son más altos), lo que provoca que estemos conservando y alimentando la centralización del poder económico por la falta de competitividad y libertad.
Permitir que el gobierno fije un salario “justo” y permitir que politice el tema en vez de que sea el mercado quien lo fija, es como si en el futbol se dejara de usar el VAR y volviéramos a dejar que el árbitro vuelva a tener la última palabra (sujeto a sesgo y desde el punto de vista o incluso interés o conveniencia del mismo) ¿se les hace justo? Que el gobierno intervenga de esta forma crea una rigidez que limita la innovación y la creación de empleo, ya que las empresas no pueden adaptarse fácilmente a los cambios en la demanda de trabajo.
Si siguen apalancando las opiniones chapuceras y demagógicas mientras sean lo que quieren oír terminarán por ver el resultado económico, como cuando en 2001 Argentina experimentó una política de fijación de salarios mínimos elevados en un contexto de creciente inflación y recesión económica (entre otros factores), generando así un aumento del desempleo donde las empresas no pudieron mantener a sus empleados debido al alto costo del trabajo, además hubo un auge de la economía informal donde los salarios no se rigieron por las leyes laborales (no hubo estabilidad laboral) y sufrieron una crisis económica generalizada porque la falta de competitividad de las empresas debido a un costo laboral elevado contribuyó a una crisis económica masiva en 2001-2002, que culminó en el colapso del sistema bancario y la devaluación del peso argentino.
Pero si el salario por decreto es una medida ampliamente probada como fracasada ¿Cuál es el objetivo de los gobiernos de seguirlo haciendo? Precisamente coartar la libertad de los individuos creando más desempleo para luego poder justificar la creación de programas sociales y subsidios para generar dependencia estatal mientras destruyen al sector productivo del país, de ahí que mantengan una fuerte narrativa basada en el: “tu eres pobre, porque otro es rico” cuando la realidad es que los gobiernos estatistas sobre todo los de izquierda no intentan solucionar las causas estructurales que mantienen a la gente en la pobreza sino por el contrario toman decisiones para multiplicarlos y hacerlos dependientes del Papi-Estado.
En resumidas cuentas aumentar el salario por decreto no dignifica al trabajador sino que lo esclaviza, porque imponer un salario mínimo por decreto no es una política que resuelva la pobreza, sino una medida que perpetúa la intervención estatal, por el contrario en los países que apuestan por la libertad económica se ha demostrado que el verdadero camino hacia el bienestar y la prosperidad no pasa por decretarlo, sino por la libre competencia, la innovación y la cooperación voluntaria entre empleadores y trabajadores. Vale la pena preguntarse si llamarlos “progresistas es correcto, cuando sus decisiones más parecen REGRESISTAS ¿intentan que perdamos nuestra condición de ciudadanos y seamos ahora súbditos? ¿Se dan cuenta?
Por March Reyes / Coordinadora Local de Es Libertad Guatemala
