Gran indignación ha generado el rumor que circula en redes sociales sobre la actuación de la jueza Carol Patricia Flores en el caso de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, viceministro capturado por delitos de sedición, terrorismo y asociación ilícita.
Aunque aún no ha resuelto oficialmente sobre la situación jurídica de Pacheco, se especula que existen negociaciones en curso para otorgarle medidas sustitutivas, pese a la gravedad de los delitos imputados. Estas versiones han encendido las alarmas, dado el historial de resoluciones polémicas de la jueza y sus vínculos con sectores cuestionados.
Paralelamente, se ha conocido que la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó constituirse como querellante adhesivo en el proceso. Sin embargo, esta petición es legalmente improcedente, ya que la PGN solo puede intervenir en calidad de representante del Estado cuando este figura como parte procesal, lo que no ocurre en este expediente, donde el Estado no es directamente agraviado.
Juristas y ciudadanos han advertido que, de confirmarse las negociaciones para medidas sustitutivas, se pondría en entredicho una vez más la independencia judicial, además de vulnerar el trabajo del Ministerio Público, que impulsó la captura bajo pruebas y procesos legales sólidos.
La expectativa ahora se centra en la resolución que emitirá la jueza Flores en las próximas horas. Si opta por favorecer a Pacheco, se abriría un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de justicia en el país, especialmente en casos de alto perfil político.