Durante la madrugada de este miércoles 27 de noviembre, el Congreso de Guatemala aprobó un presupuesto histórico de Q148,526,047,690 para el año 2025. Este presupuesto, el más alto registrado en el país, ha generado una fuerte polémica debido al elevado endeudamiento que representa y a las acusaciones de falta de coherencia por parte de la bancada oficialista y el presidente Bernardo Arévalo, quienes en el pasado criticaron duramente propuestas similares.
El proyecto de presupuesto, presentado por el presidente Bernardo Arévalo junto al ministro de Finanzas, incluye ingresos tributarios proyectados en Q109,302 millones y la emisión de bonos del tesoro y préstamos por un valor aproximado de Q27 mil millones. Sin embargo, analistas y diputados opositores han señalado que Q98,910 millones están destinados a gastos de funcionamiento, dejando un espacio limitado para inversiones en sectores clave.
Una de las principales críticas se centra en el alto endeudamiento, con Q51 mil millones destinados a cubrir obligaciones del Estado y Q19 mil millones al pago de la deuda pública. Esta estructura presupuestaria ha generado preocupación por el impacto que podría tener en la estabilidad macroeconómica y las prioridades nacionales.
Entre los ministerios con mayores asignaciones están Educación, con Q25 mil millones, y Salud Pública, con Q15 mil millones, aunque expertos cuestionan si estos aumentos realmente se traducirán en mejoras tangibles para la población.
Críticas y contradicciones:
La bancada oficialista y el presidente Arévalo han sido señalados por una postura contradictoria en relación al presupuesto. Durante la administración de Alejandro Giammattei, el ahora suspendido Movimiento Semilla se opuso vehementemente al presupuesto de 2021, que ascendía a 99 mil millones de quetzales. Este rechazo desencadenó protestas, disturbios y la quema del Congreso.
Hoy, con un presupuesto que supera en casi 50 mil millones al que rechazaron en 2021, la bancada Semilla lo ha defendido como necesario para el desarrollo del país. El diputado independiente Samuel Pérez, por su parte, calificó el incremento como algo “normal”, minimizando las preocupaciones.
Además, diputados opositores denunciaron que se ofrecieron hasta 50 millones de quetzales en proyectos dentro del presupuesto a cada legislador para garantizar su aprobación, un señalamiento que ha intensificado las críticas hacia el proceso legislativo.
El presupuesto 2025, aprobado entre controversias y acusaciones de incoherencia política, plantea desafíos significativos para Guatemala. Mientras el Ejecutivo defiende este incremento como un paso necesario para el desarrollo, los altos niveles de endeudamiento y el enfoque en gastos de funcionamiento generan dudas sobre su sostenibilidad y efectividad. La historia reciente del país, marcada por protestas contra presupuestos similares, deja en evidencia las contradicciones de los actores políticos y eleva las expectativas de la ciudadanía sobre la gestión de estos recursos.
